La corte constitucional modifica la contribución de alumbrado público

29 junio, 2016

El Gobierno nacional se encuentra obligado a prestar el servicio de alumbrado público y es precisamente por este motivo que las autoridades municipales y distritales deben asegurar su efectiva prestación a todos los habitantes, teniendo en cuenta lo anterior, el Congreso de la República creó, en el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, o Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, una contribución especial con destinación específica para financiar este servicio público.

Dicha contribución la tenían que pagar quienes realizarán consumos de energía eléctrica, bien fuera como usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica o como autogeneradores y, en los casos en que no se realizarán consumos de energía eléctrica, los propietarios de los predios y demás sujetos pasivos del impuesto predial que se encontraran dentro de la jurisdicción del respectivo municipio o distrito. Esta contribución sería recaudada a través del procedimiento que el alcalde municipal o distrital determinará, pudiéndolo hacer a través de la facturación que realizará el mismo ente territorial o las empresas de servicios públicos domiciliarios de dicha jurisdicción.

Sin embargo, este artículo, que creaba la contribución especial, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-272 de 2016, ya que esta Corporación encontró que el legislador infringió la cláusula del Estado Social de Derecho, toda vez que la prestación continua, permanente y en interés general del servicio público de alumbrado público es inherente a la finalidad del Estado Social de Derecho y no puede estar condicionada a unos criterios de viabilidad financiera y de rentabilidad razonable, en relación con aparentes beneficiarios individuales del servicio.

Así mismo, concluye la Corte que esta contribución especial menoscababa el principio del interés general ya que el Estado se encuentra en la obligación de asegurar la prestación eficiente del servicio público de alumbrado público a todos los habitantes del territorio nacional, y no a unos supuestos beneficiarios individuales del servicio.

Esta contribución especial sustituía el impuesto de alumbrado público, razón por la cual, el anterior tributo continúa estando vigente. La declaratoria de inexequibilidad de esta norma trae como consecuencia que los municipios y distritos sigan aplicando el impuesto de alumbrado público que venían manejando antes de la expedición de la norma, el cual, al igual que la contribución especial, es potestativo del ente territorial si lo quiere implementar.





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Johana E. Prieto

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